Las administraciones usan IA para decidir sobre prestaciones, inspecciones, trámites y servicios esenciales, con efectos directos sobre los derechos de la ciudadanía. Por eso son las primeras obligadas a evaluar impacto, mantener inventarios públicos de algoritmos y asegurar la supervisión humana, y trasladan esas exigencias a sus proveedores mediante la contratación pública.
UE: el acceso a prestaciones públicas es alto riesgo (Anexo III) y los organismos públicos desplegadores deberán hacer una FRIA desde el 2-dic-2027. España: la Ley 40/2015 exige identificar el órgano responsable de toda actuación administrativa automatizada y la Ley 15/2022 promueve evaluar sesgos en algoritmos públicos; el proyecto de ley orgánica de IA, que preveía inventario y delegado de IA en cada entidad, decayó en octubre de 2026. Perú: el reglamento de la Ley 31814 obliga al sector público a hacer evaluación de impacto previa en riesgo alto y a usar la NTP-ISO/IEC 42001; la ENIA 2026-2030 y la Directiva 002-2026-PCM/SGTD exigen un Oficial de IA en cada entidad; los plazos del Poder Ejecutivo vencieron el 10-sep-2026. Ecuador: la estrategia EFIA-EC orienta a las entidades públicas. Colombia: el CONPES 4144 obliga al Estado, no a privados. Chile: la Ley 21.719 alcanza a los órganos públicos desde el 1-dic-2026. Brasil: el PL 2338 prohibiría el social scoring estatal. EE. UU.: el memorando OMB M-25-21 rige el uso de IA en agencias federales y Texas TRAIGA obliga a las agencias estatales a informar del uso de IA; Colorado SB 26-189 incluye los servicios gubernamentales esenciales desde 2027.
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Incluye 7 documentos
Documentos base para entidades públicas y sus proveedores: responsable de IA, modelo de gobierno, inventario, evaluación de impacto algorítmico y en derechos fundamentales, supervisión humana y explicación a la ciudadanía.
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